El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Salvador Zamora Zamora, entregó al Congreso del Estado de Jalisco la terna de aspirantes para ocupar la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) como parte del procedimiento establecido en la convocatoria pública y conforme a la evaluación realizada por el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (FECC).
La propuesta del Ejecutivo de Jalisco está integrada por Ricardo Sánchez Beruben, Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Eduardo Cipriano Manzanilla Aznares, perfiles que, de acuerdo con el secretario, cumplen con los criterios técnicos y legales considerados durante el proceso de evaluación.
El funcionario explicó que el CPS tuvo la responsabilidad de realizar las valoraciones correspondientes y que, con base en esos insumos, el gobernador ejerció su facultad para definir la terna que ahora será analizada por el Poder Legislativo.
Zamora Zamora detalló que la integración de la terna no responde de manera automática a los puntajes obtenidos en la evaluación, ya que el gobernador puede proponer a quienes considere idóneos dentro de los perfiles mejor calificados. En este caso señaló que se incluyeron a dos aspirantes ubicados entre los mejores evaluados y a una mujer que también se posicionó entre los perfiles destacados del proceso.
Indicó que a partir de la entrega de la terna la discusión y la decisión final corresponden exclusivamente al Congreso del Estado, en pleno respeto a su autonomía. Consideró a la par que las y los legisladores alcanzarán los acuerdos necesarios para realizar el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción conforme al calendario establecido, el cual prevé que la designación se concrete el 20 de enero.
Respecto a los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, Zamora Zamora afirmó que ni la convocatoria ni la legislación vigente prohíben la participación de aspirantes que hayan ocupado cargos en administraciones pasadas o actuales, por lo que consideró que los perfiles propuestos participaron en igualdad de condiciones. Señaló que cualquier consideración adicional, como antecedentes administrativos o posibles investigaciones, deberá ser valorada por el Congreso durante el proceso de designación.
Finalmente, sostuvo que la fiscalía anticorrupción debe cumplir con su función central de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, y que esa obligación recaerá en quien resulte designado por el Poder Legislativo, independientemente de su trayectoria previa o vínculos institucionales.
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