La designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Jalisco (FA) no es un trámite administrativo menor. Se trata de una decisión que pone a prueba la solidez y la voluntad real de fortalecer contrapesos frente al poder político. En este contexto, la aspiración de Tatiana Anaya Zúñiga, ex consejera de la Judicatura y actual consejera Jurídica del gobierno del estado, abre un debate legítimo que va más allá de trayectorias individuales.
Anaya Zúñiga ha ocupado cargos relevantes dentro de la estructura institucional de Jalisco. No obstante, su trayectoria también incluye antecedentes que han sido objeto de discusión pública. Durante el proceso para integrar el Consejo de la Judicatura del Estado en 2020, las consejeras y el consejero finalmente designados no se ubicaron entre los perfiles mejor evaluados del procedimiento. Aun así, obtuvieron el respaldo necesario para asumir el cargo. Este hecho no fue exclusivo de una persona ni de un solo género, sino reflejo de una práctica institucional en la que los criterios técnicos quedaron subordinados a decisiones políticas.
Ese antecedente adquiere relevancia hoy, cuando el Comité de Participación Social (CPS) tiene la responsabilidad de evaluar perfiles para la FA y enfrenta el reto de demostrar que los procesos de selección deben privilegiar criterios objetivos, comparables y verificables.
Es importante señalar que Tatiana Anaya no busca transitar de cargo público por un incentivo económico. Tanto la Consejería Jurídica como la fiscalía anticorrupción son posiciones de alto nivel, con responsabilidades equivalentes dentro del aparato estatal. El interés real se relaciona con la importancia institucional que representa para el Ejecutivo estatal contar con un liderazgo alineado a sus objetivos en una Fiscalía que, en teoría, debería operar con plena autonomía.
Para el gobierno actual, la designación de perfiles con vínculos institucionales cercanos al Ejecutivo podría implicar acumular poder y reducir márgenes de control externo. Significa incidir en una institución diseñada para investigar hechos de corrupción incluso dentro de su propia administración. En ese contexto, la preocupación central no es individual, sino estructural: el riesgo de que la FA se integre a una lógica de cooptación institucional.
Por ello, la discusión de fondo no gira en torno a personas, salarios o trayectorias aisladas, sino a la concentración de poder y al debilitamiento de la autonomía institucional. La FA debe contar con la capacidad real de investigar, perseguir hechos de corrupción y actuar sin condicionamientos políticos, algo que solo puede garantizarse si su titular mantiene una distancia clara respecto del Ejecutivo estatal.
Desde una perspectiva de igualdad sustantiva, sería deseable que en Jalisco la persona titular de la fiscalía anticorrupción fuera una mujer, como parte del avance hacia una representación más equilibrada en los espacios de decisión pública. Sin embargo, en una responsabilidad de esta magnitud es indispensable que prevalezcan los criterios técnicos, de desempeño, autonomía e independencia, pues de ello dependerá la eficacia del control a la corrupción y la confianza ciudadana en las instituciones.
La decisión que se tome en torno a la FA marcará el rumbo del sistema de controles en Jalisco. Será un indicador: o el estado apuesta por fortalecer instituciones verdaderamente autónomas, o consolida un modelo donde los órganos llamados a vigilar al poder terminan subordinados a él.
*Doctora en Derecho
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