En menos de una semana, el Gobierno de México desplegó cerca de dos mil 800 agentes militares, de seguridad y ministeriales en Sinaloa, como respuesta a la desaparición de 10 mineros y al ataque armado contra dos diputados opositores del partido Movimiento Ciudadano (MC).
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó este domingo que se incorporaron casi mil 200 nuevos efectivos para reforzar la búsqueda de los mineros presuntamente secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia.
“Por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, a partir de este domingo se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda”, señaló el mandatario estatal.
El despliegue está conformado por 1.190 elementos: 800 integrantes del Ejército mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales. A ello se suma el uso de tres helicópteros artillados y dos aviones militares de ataque ligero tipo T-6C Texan.
El refuerzo ocurre luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asegurara el viernes que el Gobierno federal “no va a parar” hasta localizar a los 10 trabajadores desaparecidos. De acuerdo con información oficial y reportes de medios locales, los mineros laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver y habrían sido privados de la libertad por un comando armado.
García Harfuch indicó que las investigaciones continúan en etapa preliminar y que no existían reportes de amenazas previas contra los trabajadores. La empresa confirmó la desaparición y anunció la suspensión temporal de algunas operaciones en la zona como medida preventiva.
Estos hechos se registran en un contexto marcado por la crisis de desapariciones en el país, que supera los 133.000 casos, mientras Sinaloa se mantiene como uno de los principales estados productores de minerales en México.
El operativo anunciado este domingo se suma al despliegue previo de mil 600 agentes federales enviado el 29 de enero por la Secretaría de la Defensa Nacional, tras el ataque a tiros contra los diputados de MC Elizabeth Montoya y Sergio Torres.
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