Al ser detenciones arbitrarias y mantener a las cuatro personas detenidas tras la manifestación contra el alza a la tarifa del transporte público del sábado pasado, su detención constituye desapariciones forzadas, señalaron diversas organizaciones que firmaron un pronunciamiento al respecto.
Este trato y actuar de las autoridades de seguridad en contra de los movimientos sociales es reiterativo en Jalisco, dado que se replica en cada protesta, señalaron.
“A partir de testimonios de personas asistentes a la manifestación, de personas detenidas y de sus familiares, el CEPAD ha documentado violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado, incluyendo detenciones arbitrarias, incomunicación y desaparición forzada de corta duración, en contra de personas que ejercían legítimamente su derecho a la protesta social, particularmente estudiantes. Estas agresiones fueron cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco (SSPEJ), evidenciando nuevamente el patrón de represión e impunidad que prevalece en la entidad frente al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión”.
Añadieron que “expresamos nuestra grave preocupación por esta determinación, ya que encaja plenamente en un patrón de criminalización de la protesta social en Jalisco, documentado desde al menos 2004, así como en una estructura de impunidad que permite violaciones sistemáticas al debido proceso y al principio de legalidad mediante el uso indebido del derecho penal para inhibir y castigar el ejercicio de derechos fundamentales”.
Las organizaciones recriminaron las declaraciones del gobernador Pablo Lemus Navarro quien justificó las detenciones y minimizó la protesta social. Además, contrario a lo que dijo, las cuatro personas no fueron liberadas sin antecedentes, dado que la carpeta sigue abierta en la Fiscalía del Estado.
A la par, lamentaron el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dado que si bien inició un acta de investigación y solicitó información a la Secretaría de Seguridad, se rehusó a ejercer sus facultades para acudir a los posibles lugares de detención, argumentando falta de personal, omisión que resulta especialmente grave ante el riesgo de violaciones a derechos humanos, concluyeron.
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