Como un condicionamiento abusivo, una coacción y un atropello flagrante a los derechos civiles a la privacidad por parte del gobierno del Estado de Jalisco, fueron calificados los términos y condiciones que el usuario debe aceptar para acceder al uso de la Tarjeta Única Yo Jalisco para el TP y otros programas sociales.

La experta en temas de transparencia, Lucía Almarez Cázares abundó al respecto: “no hubo consenso ciudadano, las salvaguardas desaparecieron, es un consentimiento forzado para otorgar historial crediticio e información biométrica con fines comerciales a terceros”.

Además dijo que si bien la Ley exige un consentimiento libre, en este caso  se obliga al usuario a aceptar todos los términos, o, de lo contrario, no habrá “descuento” (entre comillas) al precio del pasaje.

“El  Sistema Anticorrupción de Jalisco tiene que evaluar riesgos de corrupción y enseguida emitir recomendaciones públicas; la aceptación de los términos es una  práctica abusiva” añadió.

Otro contrapeso a esta medida, debe ser las Comisiones de Derechos Humanos y la Condusef ya deberían de perseguir este atropello de oficio.

Por último, llamó a medios, academia y ciudadanía a hacer la presión social necesaria, para que se activen estas instituciones de contrapeso al Gobierno.

jc