Aunque la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara garantizará el volumen de agua indispensable para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) sin alterar la cuota de extracción autorizada del lago, el especialista en gestión hídrica, José Daniel Sánchez Tapetillo, advirtió que la obra no resuelve la impunidad con la que operan desarrolladores e industrias irregulares.

Sánchez Tapetillo sentenció que la entrega de licencias de construcción para fraccionamientos y parques industriales sin la infraestructura hidrosanitaria adecuada genera problemas que posteriormente el Estado termina absorbiendo con el dinero de los contribuyentes:

"Se habla de al menos 150 descargas clandestinas conectadas al sistema antiguo. ¿Por qué tendríamos los ciudadanos que estar pagando colectores para sanear descargas que son ilegales? Son errores, negligencias y falta de vigilancia municipal que pagamos con impuestos para, al final, seguir recibiendo agua de mala calidad en los hogares", reprochó el especialista.

En el aspecto presupuestal, Sánchez Tapetillo cuestionó las contradicciones entre las cifras anunciadas por la Federación y las enviadas por Pablo Lemus al Congreso de Jalisco, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó un presupuesto de 9 mil 300 millones de pesos para la ejecución del segundo acueducto, mientras que Lemus había enviado una solicitud de autorización por 11 mil 900 millones de pesos.

No obstante, el especialista matizó que esta variación podría explicarse por las obras complementarias que asumirá el Estado para transportar el agua desde la estación de bombeo en el Cerro del Cuatro hacia la Planta Potabilizadora Miravalle. Explicó que, a pesar de ser un tramo corto de seis kilómetros, al tratarse de una zona urbanizada podría generar un gran impacto económico.

AL