El desarrollo de los procesos electorales requiere una zona clara de organización y de difusión hacia la sociedad para poder definir varios de los aspectos que entran en juego, como es el caso de las instituciones o partidos en contienda, definiendo las plataformas ideológicas que representan las marcas políticas, así como las personas o candidatos que además de precisar sus convicciones y propuestas, delimitan el alineamiento con la plataforma en la que se sustenta la candidatura. Durante mucho tiempo, el periodo de las definiciones de las candidaturas, como lo describe magistralmente Luis Spota en su obra ‘Palabras mayores’, constituía el momento crucial, la definición de la estructura gobernante que, ante la ausencia de actores en la trama electoral, todo se convertía en un desarrollo complejo de los diferentes grupos de interés asociados en el partido hegemónico, y que la definición de la candidatura constituía el momento cúspide en la estructuración de la oferta de los partidos ante las instancias internas de decisión. Eran luchas internas de gran calado y, como lo describe la mencionada novela, el proceso de la elección constituía solamente un momento más en la administración del proceso.
Gianfranco Pasquino, politólogo italiano, señala que un factor sustancial en el sostenimiento de los regímenes democráticos representativos lo constituye las transiciones del poder. En efecto, la falta de presencia de opciones hacia la ciudadanía, no forman parte del sustento de la representatividad ciudadana, sino de la administración permanente del poder. Precisamente por ello, las transiciones refrescan de forma continua y evalúan de manera constante el desempeño de las ofertas políticas que se dirigen a los ciudadanos.
Las ofertas políticas requieren de un poderoso esquema de comunicación política que, en el caso de la presente organización electoral, debería ponerse a funcionar a partir del año próximo. La peculiaridad de este proceso es que la promoción y propaganda, claramente políticas con tintes electorales, ha comenzado desde hace bastante tiempo, y si bien ningún partido ha respetado de manera profunda la trama normativa al respecto, ciertamente, el oficialismo ha desarrollado estrategias sustanciales que ponen a prueba a los órganos arbitrales del proceso que, hasta el momento, ningún pronunciamiento ha realizado. El desarrollo constante de los “procesos organizativos internos” o, la “difusión de informes” o, la “coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación”, han invadido el escenario comunicacional y, ciertamente, no se trata de la difusión oficial de las estrategias de gobierno, sino de las correspondientes de las plataformas políticas que las sustentan. Con ello, nos hemos habituado al desarrollo, no de gobierno sino de campaña permanente.
Entrar al análisis del comportamiento en el caso de la comunicación política, constituye un factor importante de revisión que permita diferenciar la comunicación oficial de los órganos de gobierno en su rendición estatutaria de cuentas respecto de la difusión de estructuras ideológicas para consolidar la imagen y el esquema de proyección partidista. Con ello se evidencia una enorme asimetría en la propaganda política que, hasta este momento, no han detectado, con toda su evidencia, los órganos electorales. El debilitamiento de las instituciones electorales no genera ningún beneficio para la democracia.
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