A la orilla de la carretera, las fondas y los puestos de comida atienden a los viajeros que estacionan sus vehículos y se alistan para desayunar. Un par de camionetas habilitadas como patrullas municipales, con la torreta encendida, llega y se bajan cinco elementos uniformados. Se acomodan las armas largas y se sientan alrededor de una mesa. La mayoría son jóvenes. De sus radios brotan voces y claves machaconas y ruidosas. Uno de los policías voltea a escanear visualmente a los comensales. No dice nada a sus compañeros. Solo observa. Por uno o dos minutos su mirada es aguda, inquisitiva, rastreadora.
-No voltees a ver a los policías-recomienda un comensal que radica en el pueblo.
-¿Y eso?
-Todos trabajan para el jefe de plaza. Y si te ven sospechoso de cualquier cosa, te pueden detener, extorsionarte o sacarte un buen susto- alerta.
A la mirada del policía se suman otros, como tratando de identificar quiénes son del pueblo y quiénes los desconocidos. Uno pone la mano en la cacha de su pistola. Parece sobarla.
-Ustedes tranquilos- recomienda el vecino de ese municipio, que conoce el teje y maneje en la región de las policías municipales.
El desayuno ya no sabe igual. Más vale mirar hacia el frente o a los amigos ahí reunidos para seguir el viaje pueblos más adelante. Para salir tranquilamente aprisa. Como si no pasara nada. Sabiendo que esos policías municipales están involucrados en desapariciones forzadas e impunes.
La escena puede situarse en la mayoría de los pueblos fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. Se ha normalizado. No basta ser ciudadanos pacíficos y viajar por carretera. Cualquiera es sospechoso de lo que sea, desde la óptica policiaca.
En las cabeceras municipales de Jalisco sus habitantes saben distinguir entre la autoridad formal, administrativa, que encabeza el alcalde o alcaldesa, con el cabildo, el síndico, el secretario y el resto de funcionarios del ayuntamiento, incluidos el comisario de la Policía y la corporación a su cargo. Cualquiera puede constatar que los gobiernos municipales funcionan. Los vecinos realizan sus trámites y la vida parece normal.
La otra autoridad, la paralela a la formal, está enquistada en los municipios. Son delincuentes que pueden o no tener familiares en el ayuntamiento. Participan lo mismo jóvenes en motocicleta que vigilan quién entra y quién sale del pueblo, y lo reportan, que sicarios que amenazan, secuestran o desaparecen gente. Lo común es que policías estén en la nómina del grupo criminal o se hagan disimulados y convivan.
El caso de los presidentes municipales de Teuchitlán y Tequila que están detenidos bajo graves cargos, son la punta del iceberg. Son una muestra de lo que sucede en la mayor parte de los poblados de Jalisco. Están bajo control de las redes que controlan grupos delictivos, de los por lo menos 13 que operan en la entidad, según la Fiscalía General de la República.
Donde ocurren delitos de alto impacto, las autoridades estatales o federales intervienen. Es el caso, por ejemplo, de Teocaltiche, Encarnación de Díaz o Villa Hidalgo, pero con magros resultados hasta ahora en cuanto a la seguridad, pese a promesas gubernamentales que revelan desconocimiento de lo que realmente sucede o medias verdades que solo buscan mal tranquilizar.
En los pueblos jaliscienses los vecinos sí saben quiénes operan, abierta o encubiertamente, a favor de las células delincuenciales. No lo dirán por temor. Ante la impunidad y complicidad, optan por ver, enterarse y callar.
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