El cobro de 2 mil 172 pesos quincenales que se aplica a vinaterías de San Pedro Tlaquepaque por un supuesto concepto de “seguridad pública”, sin estar contemplado en la Ley de Ingresos municipal, derivó en la presentación de una iniciativa en el Congreso de Jalisco para solicitar su suspensión y requerir al Ayuntamiento un informe técnico sobre el fundamento legal, los criterios para fijar las tarifas y la proyección de recaudación por este nuevo derecho municipal, señaló la diputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras.

De acuerdo con la legisladora, dueños de estos establecimientos le informaron que desde este año se les exige un pago quincenal de 2 mil 172 pesos como condición para renovar sus licencias de funcionamiento, bajo un esquema denominado “eventos”, lo que ha derivado en clausuras de negocios que se han negado a cubrir dicho monto.

Contreras explicó que este cobro se suma a los pagos ya establecidos, como la licencia municipal anual, que va de 2 mil 500 a 11 mil pesos según el tipo de establecimiento, y los derechos por ampliación de horario, lo que ha generado inconformidad entre los comerciantes al no existir sustento legal para este nuevo concepto.

Ante esta situación, anunció que presentará una iniciativa en el Congreso de Jalisco para solicitar la suspensión inmediata del cobro y exigir al Ayuntamiento de Tlaquepaque un informe técnico y jurídico que justifique la creación de este derecho municipal.

Como parte de las acciones legislativas, la diputada pedirá a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, que detalle la metodología utilizada para fijar las tarifas, las variaciones en los montos cobrados y la proyección anual de recaudación por este concepto, así como el fundamento legal que respalda su aplicación.

Asimismo, señaló que la seguridad pública es una obligación constitucional de los municipios, establecida en el artículo 115, por lo que no puede trasladarse como un cargo adicional a los comerciantes.

La legisladora indicó que el objetivo es frenar un cobro que calificó como irregular y evitar que se sigan condicionando las renovaciones de licencias y las operaciones de los negocios a un pago que no está previsto en la normatividad vigente.

CE