Buscando frenar abusos y violaciones a los derechos humanos en centros de rehabilitación para personas con adicciones, se llevó a cabo un foro sobre la reforma a la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco, organizado por la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia (CONAPAZ) y el Colegio Nacional de Consejeros (CONACÓN) capítulo Jalisco.
El encuentro fue convocado por el diputado César Madrigal y contó con la participación de especialistas y representantes de organizaciones civiles, entre ellos Iram Valdés Chávez, presidente de CONAPAZ México, y Pedro Aceves, presidente del Colegio Nacional de Consejeros en Jalisco.
Durante el foro se expuso que la actual legislación es insuficiente para supervisar los centros de internamiento, muchos de los cuales operan sin regulación ni vigilancia oficial. Se señaló que en diversos establecimientos se han documentado prácticas como ingresos forzosos, golpes, tortura y tratamientos inhumanos, lo que ha derivado incluso en muertes y suicidios de personas internadas.
Las organizaciones promotoras de la reforma presentaron una iniciativa que propone la creación de un instituto estatal encargado de supervisar, certificar y otorgar licencias de funcionamiento a los centros de rehabilitación, además de aplicar sanciones administrativas y penales en caso de irregularidades.
Entre los principales puntos de la propuesta destacan:
Que los directores de los centros cuenten con título profesional en áreas relacionadas con la salud.
Que el personal esté certificado por el nuevo instituto.
Establecer un plazo de 12 meses para que los centros existentes se regularicen.
La asignación de un presupuesto inicial de 55 millones de pesos para la creación del instituto y de alrededor de 26 millones de pesos anuales para su operación posterior.
De acuerdo con los organizadores, se estima que en Jalisco existen alrededor de mil 400 centros de rehabilitación, donde se atiende a aproximadamente 50 mil personas, muchos de ellos sin supervisión oficial. Señalaron que más del 80 por ciento podría estar operando en la clandestinidad.
Los participantes coincidieron en que es urgente colocar este tema en la agenda pública estatal, ante el vacío legal existente y la gravedad de los casos documentados en centros irregulares. La iniciativa será presentada ante el Congreso del Estado de Jalisco para su análisis y eventual discusión legislativa.
CE
