El Congreso de Jalisco está por arrancar el análisis de la terna enviada por el Ejecutivo estatal para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), un proceso que de acuerdo con el coordinador de la bancada de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, deberá priorizar la independencia, objetividad y capacidad real para enfrentar la corrupción sin sesgos políticos.
El legislador señaló que la principal responsabilidad del Poder Legislativo es responder a una exigencia constante de la ciudadanía: un combate frontal y efectivo contra la corrupción. En ese sentido, subrayó que la fiscalía anticorrupción no debe convertirse en un instrumento político, sino en una institución con plena autonomía para actuar “ni en favor ni en contra de nadie”.
La semana pasada, el gobernador Pablo Lemus Navarro, a través del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, presentó la terna para renovar a la FECC. Está compuesta por Ricardo Sánchez Beruben, ex coordinador de Seguridad de Jalisco; Tatiana Esther Anaya Zúñiga, ex consejera de la Judicatura y actual consejera jurídica del gobierno de Jalisco, y Eduardo Cipriano Manzanilla Aznares, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). Tras ese procedimiento se prevé que esta semana el pleno dé entrada formal a la propuesta para turnarla a la Comisión de Justicia, la cual tiene programada una reunión el viernes para entrevistar a los tres perfiles.
Bravo Padilla indicó que tras las entrevistas el diputado Enrique Velázquez González, integrante de la Comisión de Justicia y de la fracción de Hagamos, informará a su grupo parlamentario sobre los resultados de las comparecencias. Además, señaló que de manera paralela las y los diputados sostendrán reuniones con los aspirantes que soliciten audiencia para conocer de primera mano sus perfiles; ya se han recibido peticiones por parte de Ricardo Sánchez y Eduardo Manzanilla que serán atendidas en los próximos días.
Sobre la evaluación técnica de la terna, Bravo Padilla recordó que el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) entregó puntajes en los que ubicó a los perfiles dentro de los rangos altos, aunque reconoció que hubo aspirantes con mayor calificación que no fueron incluidos en la propuesta final, lo cual corresponde a una decisión exclusiva del Ejecutivo.
El coordinador parlamentario reconoció que existen preocupaciones públicas respecto a posibles vínculos partidarios o antecedentes administrativos de algunos integrantes de la terna, así como señalamientos sobre investigaciones previas; no obstante, afirmó que estos elementos serán analizados junto con los aspectos positivos de cada trayectoria antes de fijar una postura definitiva.
Finalmente, recordó que, en caso de que ninguna de las personas propuestas alcance la votación de las dos terceras partes del Congreso, la ley contempla que el Ejecutivo envíe una segunda terna para continuar con el proceso de designación.
El actual titular de la FECC, Gerardo de la Cruz Tovar, concluye su encargo el 14 de febrero y al día siguiente asumirá la persona que sea elegida por el Legislativo.
Congreso local retoma actividad… sin labores
Aunque el periodo vacacional del Congreso de Jalisco concluyó oficialmente este 12 de enero, el regreso de diputadas y diputados no se reflejó en actividades públicas ni en trabajo parlamentario formal, pues este lunes ninguna comisión legislativa programó sesiones ni reuniones, de acuerdo con la agenda parlamentaria.
Tras tres semanas de receso, del 22 de diciembre al 9 de enero, el Poder Legislativo retomó funciones administrativas, pero sin convocatorias abiertas, discusiones públicas o desahogo de los temas que quedaron pendientes antes de las vacaciones.
Aunque el trabajo legislativo visible no se reactivó, el Congreso tiene dictámenes ya concluidos y listos para su discusión y votación en el pleno, entre ellos la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo, el procedimiento administrativo para la expedición de actas de nacimiento que reconozcan la identidad de género de infancias y adolescencias, así como las leyes secundarias en materia de transparencia.
En el caso de la reforma de transparencia, el Congreso local tiene como fecha límite el 14 de enero para aprobar los cambios legales que permitirán la creación de la agencia de transparencia y la agencia de protección de datos personales, por lo que el margen de tiempo para sesionar es reducido.
El único dictamen que permanece sin consenso es la reforma al Poder Judicial, que plantea la renovación de jueces y magistrados mediante voto popular. Las bancadas han reconocido desacuerdos en temas como los criterios de evaluación, la experiencia requerida y los mecanismos de selección, lo que ha impedido su avance. Para aprobarla se requiere el voto de al menos 26 de los 38 diputados. Miguel Ángel Vidal
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