La comunidad indígena coca de Mezcala peleó en tribunales durante 23 años contra el empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien invadió una parte de su territorio. A pesar de que hace un año se ejecutó la sentencia definitiva que lo obligó a devolver a los comuneros el predio conocido como El Pandillo, el mismo empresario volvió a invadirlos, ahora en otro terreno, denunció Vicente Paredes.

La invasión de Guillermo Moreno a la zona comunal boscosa comenzó en 1999 y en 2003 se promovió por parte de los cocas el juicio agrario para la recuperación de las tierras.

Después de la restitución, señaló Vicente Paredes, el empresario “se va a otro lugar, con un proyecto donde está reteniendo las aguas pluviales de la comunidad y haciendo destrozos”. Además, señaló que utiliza a integrantes de la misma comunidad, ofreciéndoles trabajo.

Al mismo tiempo lamentó que continúa el proceso penal en contra de algunos comuneros, por una denuncia que presentó Guillermo Moreno. Paredes recordó que en 2011 la asamblea de comuneros acordó nombrar una comisión para que derribara unas torres con páneles solares, que el empresario había construido en las tierras de los cocas. Explicó que es en este punto donde está actualmente la nueva invasión.

Cuando los indígenas coca derribaron las torres, el empresario presentó una denuncia penal y se giraron órdenes de aprehensión contra diez de ellos, sin que los notificaran ni les permitieran el acceso al expediente. La entonces representante de la comunidad, Rocío Moreno fue citada con engaños a una presunta entrevista en un medio de comunicación en Guadalajara y cuando llegó al lugar fue detenida por elementos de la Fiscalía del Estado.

Vicente Paredes agregó que “fuimos procesados diez comuneros injustamente, por defender nuestro territorio, por defender la integridad de nuestro territorio”. Promovieron un amparo que les fue concedido.

En 2015 volvieron a girar las órdenes de aprehensión, por lo que volvieron a ampararse “y así hemos estado en en este juicio de este criminal, de esta persona que con su dinero quiere comprar todo”.

En 2021 se volvieron a girar órdenes de aprehensión y otra vez promovieron amparos. Este lunes fueron citados en el juzgado penal de Ocotlán, porque presuntamente se había dictado una sentencia en su contra. Ahí, pidieron que se les conceda la “prescripción de la sanción penal, de la multa y la reparación de daños, y que se nos absuelva por este criminal proceso, absurdo, corrupto, porque tenemos quince años procesados injustamente”.

Vicente Paredes calificó como una “crueldad” lo que han vivido, mientras las autoridades respaldan al invasor, a pesar de que ellos son una comunidad indígena “y no se han seguido los protocolos. Nos han ignorado hasta hoy y la justicia no ha llegado para nosotros”.

Finalmente, dijo que a lo largo de la lucha para defender su territorio han muerto ya tres comuneros y otros han tenido que migrar.

GR